El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue imputado por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio relacionados con el caso Ueno Bank. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, días después de su destitución por mal desempeño de funciones. Peña renunció el viernes tras protestas masivas de ahorristas afectados por la quiebra del banco digital.
La investigación se centra en la responsabilidad del expresidente en la crisis financiera que derivó en la pérdida de fondos públicos. La Fiscalía imputó también a Carlos Carvallo, exministro de Hacienda, por su vinculación con el caso. Peña compareció ante la Fiscalía el sábado y fue detenido temporalmente en un cuartel militar.
La situación ha generado una crisis política e institucional sin precedentes en Paraguay. Las protestas se intensificaron tras la revelación de la quiebra del banco, que afectó a miles de ciudadanos. La Fiscalía exige la inmovilización de los bienes de Peña y la aplicación de medidas cautelares. La causa se enmarca en un juicio político que culminó en su destitución.
La crisis de Ueno Bank marcó un punto de inflexión en la confianza pública en las instituciones financieras del país. La investigación continúa con la colaboración de organismos internacionales. La comunidad espera respuestas claras sobre la responsabilidad de los involucrados.
