La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Chihuahua legislar sobre la injerencia extranjera en elecciones antes de 2030. Esta decisión obliga al estado a incorporar una causal específica para anular elecciones si se detecta intervención externa. La medida forma parte de un marco legal más amplio que busca garantizar la transparencia en los procesos electorales.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó la decisión de la SCJN, afirmando que la Corte eliminó medidas que protegían el sistema electoral del influjo del narcotráfico. Según Campos, estas disposiciones eran clave para evitar la participación de grupos delictivos en la política local. La reforma electoral en cuestión restringía la candidatura de personas vinculadas con la delincuencia.
Morena, partido político, impugnó las disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua. La SCJN invalidó parte de la reforma, considerando que no cumplía con los estándares legales establecidos. La decisión ha generado controversia, ya que algunos consideran que la reforma era necesaria para fortalecer la seguridad electoral en un estado donde el crimen organizado ha sido un problema persistente.
La situación refleja un debate entre la necesidad de controlar la influencia del narcotráfico en la política y la protección de los derechos electorales. La SCJN ha mantenido una postura conservadora en materia electoral, lo que ha llevado a tensiones con gobiernos estatales que buscan más autonomía en la regulación de las elecciones. La decisión de la Corte ha dejado abierta la posibilidad de que Chihuahua revise su legislación para incluir nuevas causales de anulación de elecciones.
